Acontecer Legislativo, 26 de julio del 2019.

Mauricio Rojas

Mauricio Rojas

Departamento Legislativo

I. Plenario Legislativo

Primer Debate

Reforma LOSBN

Exp. 21.292. Reforma a la Ley No. 1644 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Proponente: Poder Ejecutivo. (Sucursales).

El 22 de julio el Presidente Legislativo dio a conocer el primer informe de mociones vía artículo 137, emitido por la Comisión Especial OCDE, posteriormente, inició la discusión por el fondo y se aprobó en primer debate.

II. Comisiones Permanentes

Hacendarios

Planes de movilidad laboral

Exp. 21.339. Reforma de los artículos 26 y 27 de la Ley para el equilibrio financiero N° 6955 de 24 de febrero de 1984 y sus reformas. Proponente: Eduardo Cruickshank Smith (PRN).

El 23 de julio la Presidente de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por los (a) Diputados (a) Eduardo Cruickshank Smith (PRN), quien coordina, María Vita Monge Granados (PUSC) y Wagner Jiménez Zúñiga (PLN), con un plazo para rendir el respectivo informe que vence el 06 de setiembre de 2019.

Adicionalmente, se aprobó enviar a consultar el texto ante: Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica, todas las municipalidades del país, ARESEP, Banco Central de Costa Rica, CCSS, CONICIT, CNP, A y A, ICE, INCOFER, INCOPESCA, ICT, INDER, IFAM, IMAS, INA, INEC, INFOCOOP, INAMU, INS, INVU, JAPDEVA, PANI y SENARA.

Nota: A este expediente se le aplicará el nuevo Reglamento de la Asamblea Legislativa, según lo definido en su Art. 80, tiene una fecha proyectada para ser dictaminado al 17 de octubre de 2019.

Reforma Ley Protección al Trabajador

Exp. 21.309. Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria. Proponente: Eduardo Cruickshank Smith (PRN) y otros.

El 23 de julio los Diputados que integran la Comisión aprobaron recibir en audiencia a los representantes de la Superintendencia de Pensiones.

Nota: A este expediente se le aplicará el nuevo Reglamento de la Asamblea Legislativa, según lo definido en su Art. 80, tiene una fecha proyectada para ser dictaminado al 17 de octubre de 2019.

Contrato de Préstamo

Exp. 21.449. Aprobación del contrato de préstamo para financiar el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, suscrito entre la República de Costa Rica y la Corporación Andina de Fomento. Proponente: Poder Ejecutivo.

El 23 de julio los Diputados que integran la Comisión aprobaron enviar a consultar el texto del expediente ante: Asociación Bancaria Costarricense, Sistema Bancario Nacional, Bolsa Nacional de Valores, Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines, Banco Central de Costa Rica, MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda, Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional, Procuraduría General de la República, SUGEVAL, SUGEF, CONASSIF, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Escuela de Economía de la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, Academia de Centroamérica y UCCAEP.

Finalmente, se aprobó recibir en audiencia a la Sra. María Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, Sr. Melvin Quirós Romero, Director de Crédito Público y Sr. Rodrigo Cubero Brealey, Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica.

Nota: A este expediente se le aplicará el nuevo Reglamento de la Asamblea Legislativa, según lo definido en su Art. 80, tiene una fecha proyectada para ser dictaminado al 17 de octubre de 2019.

Jurídicos

Seguro desempleo

Exp. 21.409. Adición de una nueva sección IV al Capítulo II de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, Ley No. 8956 del 17 de junio del 2011 y sus reformas. Para regular los seguros de protección crediticia por desempleo. Proponente: José María Villalta Flores Estrada (PFA).

El 23 de julio la Presidente de la Comisión integró una subcomisión para el estudio y presentación de informe conformada por las (el) Diputadas (o) Floria Segreda Sagot (I), quien coordina, Franggi Nicolás Solano (PLN) y José María Villalta Florez Estrada (PFA), con un plazo para rendir el respectivo informe que vence el 30 de julio de 2019.

Finalmente, aprobaron enviar a consultar el expediente ante: Bancos del Estado, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, CCSS, INS, SUGESE, SUGEF, Defensoría de los Habitantes, Banco Central de Costa Rica, MEIC y Comisión Nacional del Consumidor.

Nota: A este expediente se le aplicará el nuevo Reglamento de la Asamblea Legislativa, según lo definido en su Art. 80, tiene una fecha proyectada para ser dictaminado al 18 de octubre de 2019.

Adquisición seguros

Exp. 21.374. Adición de un artículo 104 bis y de un inciso 4) al artículo 38 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, No. 8956, de 17 de junio de 2011 y reforma del inciso g) del artículo 25 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, No. 8653, del 22 de julio de 2008, para garantizar el cumplimiento del principio de solidaridad en el financiamiento del Seguro de Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. Proponente: José María Villalta Flores Estrada (PFA).

El 23 de julio los Diputados que integran la Comisión aprobaron enviar a consultar el expediente ante Superintendencia General de Seguros.

III. Comisiones Permanentes Especiales

OCDE

Reforma LOSBN

Exp. 21.292. Reforma a la Ley No. 1644 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Proponente: Poder Ejecutivo. (Sucursales).

El 22 de julio los Diputados que integran la Comisión conocieron y aprobaron dos mociones vía artículo 137, correspondiente a su trámite de primer día, enviando el informe respectivo al Plenario Legislativo para el trámite correspondiente.

Autoridad de competencia

Exp. 21.303. Ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia de Costa Rica. Proponente: Poder Ejecutivo (Administración Alvarado Quesada).

El 22 de julio los Diputados que integran la Comisión recibieron en audiencia a los Señores Juan Rafael Lizano Sáenz, Presidente y Rigoberto Vega Arias, Primer Vicepresidente, ambos de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Enrique Egloff Gerli, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Elías Soley Gutiérrez, Presidente y Marco Ureña, miembro del Comité de la Competencia, ambos de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), Gonzalo Delgado Ramírez, Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Licda. Lilliana Aguilar Rojas, Directora Ejecutiva y Alexander Salazar Solórzano, Asesor, ambos de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria. Resumen.

El 24 de julio los Diputados que integran la Comisión, conocieron y aprobaron el informe de subcomisión suscrito por la (os) Diputada (os) Ana Lucía Delgado Orozco (PLN), quien coordina, Jonathan Prendas Rodríguez (I) y Otto Roberto Vargas Víquez (PRSC), el cual incluía un texto sustitutivo, posteriormente, dictaminándolo en forma afirmativa.

Finalmente, aprobaron enviar a publicar el nuevo texto en el Diario Oficial La Gaceta y a consultar ante: Bancos Comerciales del Estado, Instituciones Autónomas, Corte Suprema de Justicia, Banco Central de Costa Rica, SUTEL, Procuraduría General de la República y Municipalidades del país.

Reformas a varias Leyes

Exp. 21.293. Reforma a la Ley No. 7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores de 17 de diciembre de 1997, Ley No. 3284 Código de Comercio de 30 de abril de 1964, Ley No. 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros del 22 de julio del 2008, Ley No. 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley No. 7333 Ley Orgánica del Poder Judicial de 5 de mayo de 1993 y Ley No. 7523 del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del Mercado del de Valores y el Código de Comercio de 7 de julio de 1995. Proponente: Poder Ejecutivo. (Superintendencias).

El 24 de julio el Presidente de la Comisión, amplió el plazo a la subcomisión conformada por los (as) Diputados (as) Erwen Masís Castro (PUSC), quien coordina, Erick Rodríguez Steller (I) y Silvia Hernández Sánchez (PLN), para que rindan el respectivo informe hasta 31 de julio.

ABC LEGISLATIVO

Autoridad de competencia

Exp. 21.303. Ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia de Costa Rica. Proponente: Poder Ejecutivo (Administración Alvarado Quesada).

Audiencia Señores Juan Rafael Lizano Sáenz, Presidente y Rigoberto Vega Arias, Primer Vicepresidente, ambos de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Enrique Egloff Gerli, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Elías Soley Gutiérrez, Presidente y Marco Ureña, miembro del Comité de la Competencia, ambos de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), Gonzalo Delgado Ramírez, Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Licda. Lilliana Aguilar Rojas, Directora Ejecutiva y Alexander Salazar Solórzano, Asesor, ambos de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria, quienes señalaron:

Sr. Juan Rafael Lizano Sáenz:

  • Señaló que el costo de la vida en Costa Rica es alto y que Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de América Latina, por lo que es difícil para el país competir con otros países de la región.

  • Manifestó que la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria no se opone a las potestades que el proyecto de ley otorga a la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM), pero desean clarificar los siguientes puntos: COPROCOM no debería poder demandar empresas, es peligroso que los salarios de COPROCOM se encuentren en un régimen de salario único, las empresas privadas no deberían tener que rendirle cuentas a COPROCOM y las multas establecidas en el proyecto de ley son excesivamente altas.

  • Añadió que la existencia de empresas como el Instituto del Café (ICAFÉ), la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) y la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), le ha brindado estabilidad al país y ha potenciado la agricultura costarricense.

Sr. Rigoberto Vega Arias:

  • Afirmó que no se debe ampliar las potestades de COPROCOM más allá de lo que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

  • El Diputado Erick Rodríguez Steller (I) cuestionó el beneficio que han otorgado las empresas mencionadas por el Sr. Juan Rafael Lizano al país. El Sr. Juan Rafael Lizano expresó que se encuentra demostrado que la práctica del “dumping” es perjudicial para el sistema agropecuario y que, por ejemplo, sin el ICAFÉ, los productores de café no habrían tenido la estabilidad económica necesaria para que sus hijos se movilizaran socialmente. Indicó que el único precio fijado por ley es el de CONARROZ, y que el resto son determinados por las fuerzas del mercado.

El Diputado argumentó que los precios justos son solamente los que determina el mercado, y los monopolios creados por ley son perjudiciales para los consumidores. Afirmó que él defiende a las mayorías, y que la mayoría de las personas son consumidoras y no productoras. El Sr. Juan Rafael Lizano señaló que difiere ideológicamente con el diputado, y que considera que estas empresas han brindado beneficios a Costa Rica.

El Diputado comentó que el Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera aprovechó el conflicto con la importación de aguacates mexicanos para favorecer a un grupo específico. El Sr. Juan Rafael Lizano contestó que, en cuanto a ese tema, se debe esperar el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

  • El Diputado Erwen Masís Castro (PUSC) solicitó al Sr. Rigoberto Vega Arias aclarar si algunas de las solicitudes de la OCDE podrían acabar con la agricultura del país. El Sr. Rigoberto Vega Arias aclaró que se debe acatar las solicitudes de la OCDE, pero hay que ser cuidadosos porque si se va más allá, se puede poner en riesgo la estabilidad de la agricultura en el país.

  • El Diputado Otto Roberto Vargas Víquez (PRSC) consultó al Sr. Juan Rafael Lizano ¿si se encuentra de acuerdo con la afirmación de que la mejora en la competencia beneficia tanto a los productores como a los consumidores?, el Sr. Juan Rafael Lizano contestó que, si existe una competencia leal, y si los mercados son abiertos, sí, pero de otra manera no. Afirmó que actualmente, existen monopolios tanto privados como públicos y ambos son nocivos para la economía costarricense.

Licda. Liliana Aguilar Rojas:

  • Solicitó acceso al nuevo texto sustitutivo en construcción que se pretende acoger como base de discusión del proyecto, esto con el fin de que, el proceso de su aprobación sea transparente.

  • Manifestó que como sector, requiere saber cuáles son los estudios técnicos que fundamentan las sanciones establecidas en el proyecto de ley en discusión. Mencionó que han conversado con autoridades de competencia y con el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) con el fin de, llegar a una serie de acuerdos: las autoridades de competencia necesitan independencia técnica y un mayor presupuesto para poder trabajar de manera adecuada, se debe modificar la interpretación de que no todos los casos proceden de oficio, la petición debe ser acorde con el ordenamiento jurídico, entre otras.

  • El Sr. Alexander Salazar expresó que no tienen claro cuáles son los estudios técnicos que fundamentan pasar de una sanción de un salario mínimo, a un salario base para las personas, y un monto todavía mayor para las empresas. Afirmó que se debe tomar en cuenta la capacidad de pago de quienes pueden ser multados a través de esta ley, y que los procesos establecidos por esta, tienen una duración de más de tres años, lo cual resulta ser excesivo y entorpece la justicia pronta y cumplida.

  • La Diputada Ana Lucía Delgado Orozco (PLN) coincidió con que las sanciones establecidas en el proyecto de ley en discusión son excesivamente altas, pero no han logrado encontrar un fundamento técnico adecuado para establecer un monto apropiado.

  • El Diputado Erwen Masís Castro (PUSC) afirmó que se está realizando un esfuerzo para adecuar estas sanciones a parámetros correctos y poder reducirlas.

Sr. Enrique Egloff Gerli:

  • Expresó que desde 2008 se había recomendado revisar los marcos de acción de las autoridades de competencia en Costa Rica. Apuntó que la Cámara de Industrias de Costa Rica se posiciona firmemente a favor del ingreso de Costa Rica a la OCDE y, para que eso suceda, se debe fortalecer las autoridades de competencia en el país.

  • Realizó los siguientes comentarios con respecto al proyecto de ley en discusión: los costos de los procesos de concentración deben ser razonables y no un promedio histórico, se debe considerar sanciones para los funcionarios públicos que no cumplan con lo establecido por la ley, se debe mantener la definición de concentración establecida anteriormente, se debe contemplar responsabilidades para funcionarios públicos que no denuncien situaciones irregulares o se confabulen para intercambiar información entre competidores, y el proyecto de ley debe contemplar la obligatoriedad de revisar reglamentos y guías antes de su entrada en vigencia.

  • La Diputada Ana Lucía Delgado Orozco (PLN) solicitó al Sr. Egloff precisar ¿a qué se refería con la definición original de concentración?, el Sr. Enrique Egloff Gerli explicó que es la misma definición planteada por el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que asistió a la Comisión.

  • El Diputado Erwen Masís Castro (PUSC) consultó ¿si consideraba apropiada la reelección de los Comisionados de la Autoridad de Competencia o si sería mejor que se encuentre prohibida?, el Sr. Enrique Egloff Gerli afirmó que eso es competencia de las autoridades y del debido concurso, pero en caso de haber reelección, esta no debería darse de manera indefinida.

Sr. Elías Soley Gutiérrez:

  • Indicó que la Cámara de la cual forma parte ha monitoreado desde hace cinco años el proceso de incorporación del país a la OCDE. Afirmó que consideran positivo el avance que ha tenido la redacción del proyecto de ley, pero existe un espacio de mejora en temas que les preocupa.

  • Manifestó que se debe reforzar la autonomía de las autoridades de competencia; las sanciones que imponga la nueva ley deben ser disuasorias, pero también, razonables y acorde a la realidad costarricense; la base de cálculo de las multas debe ser acorde al volumen de negocios, del área específica donde se cometió la infracción, porque existen empresas que son diversificadas; las prácticas monopolísticas absolutas son más reprochables que las relativas; en las faltas leves, las multas son muy altas; si es imposible determinar el volumen de negocios de una empresa, se puede incorporar un sistema de segundo piso con multas calculadas en salarios base o mínimos, dependiendo el tipo de infracción, el concepto de reincidencia se debe limitar a las prácticas monopolísticas absolutas y relativas; el monto de la autorización de concentraciones debería tener un límite; y la duración del proceso administrativo sancionatorio de prácticas monopolísticas puede ser excesivo.

  • El Sr. Marco Ureña recalcó que las medidas sancionatorias pueden ser más altas de lo necesario, el plazo de resolución es excesivamente largo, y el proyecto de ley confunde los términos de caducidad y prescripción.

Sr. Gonzalo Delgado Ramírez:

  • Señaló que el salario mínimo de Costa Rica es muy alto y se debe tener cuidado con regulaciones que dificulten más la competencia con otros países. Afirmó que las sanciones establecidas en el proyecto de ley en discusión deben ser disuasivas, pero actualmente son excesivas.

  • La Diputada Ana Lucía Delgado Orozco (PLN) afirmó que actualmente, se da un uso abusivo de la excepción entre entes de Derecho Público, el cual parece ser más una norma que una excepción.

Autoridad de competencia

Exp. 21.303. Ley de fortalecimiento de las autoridades de competencia de Costa Rica. Proponente: Poder Ejecutivo (Administración Alvarado Quesada).

Audiencia Sr. Mario Umaña, Especialista del Banco Interamericano de Desarrollo en el tema de competencia, quien señaló:

  • Aseguró que la entrada del país a este organismo es importante debido a que este es el referente técnico a nivel mundial para que se logren ajustar las políticas públicas a los parámetros de los países más exitosos.

  • Señaló que la estructura institucional para las autoridades de competencia, se trata de un órgano de desconcentración máxima e independiente frente al poder político y de agentes económicos.

  • Respecto a las sanciones, indicó que se eligió un modelo de disuasión, con un tope del 10% del volumen de ventas, se agregan dos techos adicionales y se quita el piso; está diseñado para empresas grandes, sus conductas bilaterales y sus carteles.

  • Explicó que los ejemplos de notificación para sesiones de cartera, no todos serán vistos por las autoridades de competencia, solo en el 1% de los casos, donde cambia la estructura de la empresa, y no es necesario crear un tipo penal para estos casos, sino que se establece a partir de lo contemplado en la legislación actual.

  • La Diputada Ana Lucía Delgado Orozco (PLN) consultó ¿si considera que las concentraciones previstas en el artículo 88 deben contener otras definiciones sobre las sesiones de cartera y activos en general?, el Sr. Mario Umaña explicó que la primera parte del artículo 88 trae ejemplos, que son desarrollados en la segunda parte del mismo, y estos ejemplos pueden modificarse o eliminarse.

  • El Diputado Otto Roberto Vargas Víquez (PRSC) consultó ¿cómo se financian las autoridades de competencia en otros países?, ¿qué carreras afín o experiencia se necesitan para las personas que aspiran a ser Comisionados?, ¿si a nivel de multas se debe tratar por igual las empresas grandes y pequeñas? y ¿cuál sería el beneficio adicional podría tener Costa Rica ante el BID siendo parte de la OCDE?, el Sr. Mario Umaña respondió que se financia con presupuesto nacional, sobre las carreras que requieren para el tema de los Comisionados son en las ramas del Derecho y Economía, respecto a las multas, explicó que esta es la razón para establecer porcentajes de multa respecto al volumen de venta, ayudando a diferencia sobre una empresa grande o una pequeña. Finalmente, sobre los beneficios del ingreso de Costa Rica a la OCDE, señaló que el beneficio ante el BID, no considera que cambie, el BID es una cooperativa, Costa Rica es dueño del BID, es uno de los dueños del BID, ser miembro o no de la OCDE no cambia nada, el Banco apoya los esfuerzos no solo de Costa Rica, porque la OCDE es socio del BID en el tema de porque son el referente técnico a nivel mundial. Indicó que consideran en el Banco que el beneficio es que Costa Rica tendría la oportunidad de equiparar sus políticas públicas a países exitosos.

  • El Diputado Erwen Masís Castro (PUSC) consultó ¿sobre los miembros del órgano superior, y su criterio de que estos integrantes sean miembros?; así como, su opinión en cuanto a que, en las sanciones se incluya una segunda instancia de apelación donde se incorpore los miembros suplentes, el Sr. Mario Umaña explicó que los funcionarios de la autoridad deberían separar su trabajo técnico del trabajo de los Comisionados, es un Tribunal, y al no tener restricciones se perdería la limitante, y entraría en conflicto de interés; sobre la instancia de apelación, explicó que ese modelo no se ha establecido en ningún otro país, sino que recae en las instancias ya establecidas.

  • La Diputada Silvia Hernández Sánchez (PLN) consultó sobre el tema de nombramientos y los mecanismos de reelección, en segundo lugar, sobre los criterios para establecer la propuesta de escala de sanciones. El Sr. Mario Umaña manifestó que sobre la reelección debería ser una única vez, y la primera vez, debe ser escalonado para mantener la continuidad, expresó que en los casos donde no se pueda determinar el volumen de negocios, se establece sanciones basadas en salarios para asegurar que siempre haya una sanción.

  • La Diputada Ana Lucía Delgado Orozco (PLN) consultó por las multas con referencia a los salarios base y la propuesta de cambiarlo a porcentajes. El Sr. Mario Umaña abordó el tema de los topes y explicó que esta es solo una propuesta y que puede establecerse alternativas que al final se traduzcan a sanciones en moneda local.

  • El Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora (PUSC) consultó sobre ¿cómo diferenciar entre pequeñas, medianas y grandes empresas; la especialización en su área comercial respecto a las sanciones, y si habría posibilidad de encontrar salidas del proceso más eficientes que los dos años establecidos en el proyecto?, el Sr. Mario Umaña explicó que esto se establece en Derecho Administrativo Investigador y que las salidas al proceso tienen que ver con los órganos de competencia.

  • El Diputado Jonathan Prendas Rodríguez (I) consultó ¿sobre la notificación de inspección a las empresas y si esta legislación aplica para MYPYMES?, y, en segundo lugar ¿si deberían establecer sanciones diferenciadas o poner un piso de sanciones?, el Sr. Mario Umaña explicó que estas sanciones son para todas, pero las conductas y prácticas las ejercen empresas grandes, pero una vez que se hace el análisis de mercado relevante, y se establece cuál es el impacto, y de ahí se define la sanción, ya la sanción está establecida a través del análisis del volumen de negocio, por lo que no es necesario establecer ni piso ni tarifas diferenciadas.