La Asociación Bancaria Costarricense señala que el proyecto de ley 23.908, impulsado por el diputado Óscar Izquierdo, al obligar a los bancos a asumir automáticamente los costos de las estafas, podría incentivar nuevas modalidades delictivas y debilitar el sistema financiero, como ocurrió en Chile tras una reforma similar.
