La Asociación Bancaria Costarricense expresó su preocupación por el proyecto de ley 23.908, que obligaría a las entidades financieras a asumir automáticamente las pérdidas por estafas telefónicas, incluso si han tomado medidas preventivas. Según la ABC, esta iniciativa podría incentivar la actividad de ciberdelincuentes, como ocurrió en Chile con una legislación similar.
