El abogado constitucionalista Fabián Volio cuestionó el procedimiento seguido por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en su solicitud de datos personales de deudores a la Superintendencia General de Entidades Financieras. Volio argumenta que el acuerdo es ilegal y carece de sustento en las leyes y tratados internacionales. La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa está investigando estas solicitudes, y la Asociación Bancaria Costarricense también se opone a la solicitud de datos, sosteniendo que se requiere consentimiento y una ley especial para ello. La solicitud del Banco Central incluye datos de varias instituciones financieras.
