SUGEVAL apoya iniciativa que reforma regulación del CICAC y recomienda aprobar modificaciones propuestas por SUGEF

Exp. 25.208. Reforma del artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores Ley No. 7732 de 17 de diciembre de 1997 y sus reformas, reforma de los artículos 16 bis, 25, 69 bis y 72 y adición de los artículos 16 ter y 69 ter de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo Ley No. 7786, del 30 de abril de 1998 y sus reformas. Proponente: Poder Ejecutivo. Fecha estimada para dictaminar: 23 de abril de 2026.

El 15 de enero, los legisladores recibieron en audiencia a los Señores Tomás Soley Pérez, Superintendente, Reiner Brenes Chávez, Intendente y Rodrigo Segura, Director de Supervisión, todos de la Superintendencia General de Valores.

• El Sr. Tomas Soley Pérez, señaló que el proyecto responde a la necesidad de adecuar la normativa costarricense a los estándares y mejores prácticas internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el contexto de la evaluación mutua que enfrentará el país durante el año en curso.

  Manifestó que tanto la SUGEF como la SUGEVAL respaldan el proyecto, subrayando su carácter urgente. Añadió que la propuesta fue desarrollada en una comisión técnica interinstitucional, con participación de distintas superintendencias y entidades del sistema financiero, como parte de la preparación para la evaluación internacional.

• El Sr. Reiner Brenes Chávez, señaló que, en términos generales, el proyecto atiende las necesidades de los sectores de valores, seguros y financiero; no obstante, expuso observaciones puntuales relacionadas con el artículo 16 bis propuesto, relativo a la regulación de la base de datos del Centro de Información “Conozca a su Cliente” (CICAC). Indicó que la redacción planteada introduce un cambio en el manejo y consulta de la información, al establecer la obligatoriedad del registro y consulta previos a la prestación de cualquier servicio financiero, lo cual podría afectar el derecho fundamental a la autodeterminación informativa.

   

  Advirtió que dicha obligatoriedad generalizada podría generar efectos no deseados, tales como el aumento de costos para entidades y clientes, posibles barreras a la inclusión financiera, dificultades para la comercialización de productos financieros simples, como seguros de contratación inmediata, y la ampliación de brechas digitales para poblaciones con limitado acceso tecnológico. En ese sentido, expresó respaldo a una redacción alternativa propuesta por la SUGEF, la cual permitiría un tratamiento diferenciado según la naturaleza de los sujetos, productos o servicios, aplicando criterios de proporcionalidad.